El accidente del metro, de nuevo al juzgado

No sé si siento más indignación ahora o cuando se archivó el caso por el accidente del metro de Valencia. La juez que dio carpetazo al asunto ha decidido ahora practicar las pruebas que no quiso ordenar entonces, por lo que se reabre el caso. Es lamentable que las familias de las víctimas hayan tenido que recurrir para conseguir que se vuelva a investigar -o para que se investigue de una vez- el por qué del accidente.

Incógnitas como la formación y capacitación del conductor del tren accidentado, su jornada de trabajo o las comunicaciones entre el maquinista y el control el día del accidente no han sido investigados. Además, tampoco se investigó antes de cerrar el caso hace unos meses si la baliza existente entre las estaciones de la Plaza de España y Jesús, además de limitar la velocidad de entrada en el andén, puede programarse para que un tren pueda limitar la velocidad a 60 kilómetros, que es la impuesta en la vía. La juez también pide que la policía científica identifique al trabajador o trabajadores responsables del mantenimiento de dicha baliza, y que se averigue el plan de mantenimiento de la misma.

De lo que no quiere saber nada la juez es de si hay resposabilidad penal derivada del hecho de que el metro no tuviese las medidas de seguridad adecuadas. Pero, y esto es muy importante, reconoce que si hubieran estado las balizas se habría evitado el accidente:

"La instructora reconoce que si hubiese habido una baliza que controlase la velocidad en el tramo de la curva, se habría evitado el accidente, pero argumenta que su ausencia no supone la existencia de responsabilidad penal para la gerencia de la empresa. (...) Las balizas que controlan la velocidad de los trenes no son un avance tecnológico actual, sino que ya existían en la época en que se construyó la línea 1 del metro, y eran utilizadas tanto por los trenes de RENFE como por los de la antigua FEVE, por lo que el peligro para la vida o integridad física de los usuarios del metro era el mismo en los años 1988, 1990, 1995, 2000 como en 2006. Para la magistrada, esa falta de previsión que para algunos recurrentes es imputable penalmente a los actuales responsables de la empresa debería extenderse entonces a todos los que han ostentado alguna función relacionada con la seguridad desde su creación." [Extracto del auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana].

Pues si hay que imputarlos, se les imputa ¿Qué problema hay? En todo caso, la juez dice que la responsabilidad de la Administración en este caso no es penal, porque para serlo "es necesario que exista una norma objetiva de cuidado y que tal norma haya sido infringida resulta absolutamente imprescindible para la existencia del delito imprudente. Por otro lado, "[existe una] clarísima responsabilidad por la vía contencioso-administrativa por el anormal funcionamiento de un servicio público", dice la juez.

Y aquí un dato esencial, puede existir responsabilidad política, asunto en el que la juez advierte que no va a entrar porque no es objeto de su juzgado.

"De igual forma, podría cuestionarse la existencia de una responsabilidad política derivada de la falta de inversiones necesarias para garantizar al máximo la seguridad de los usuarios del servicio, responsabilidad sobre la que no se va a entrar a debatir en la presente resolución dado que escapa a las comptencias de este juzgado. Lo que no puede pretenderse es la utilización de un proceso penal para fines de exclusiva responsabilidad política".

Sin embargo, resulta difícil abstraerse a la sensación de que el caso lo archivó esta juez antes de las elecciones y lo reabre después, a pesar de que las víctimas habían pedido ya las pruebas que entonces denegó y ahora acepta realizar.